La recalificación de terreno urbanizable a rústico como consecuencia de la nueva ley del Suelo de julio del año pasado no sólo ha comprometido a las constructoras y promotoras, sino también a los bancos y cajas que han financiado estas compras. En los últimos años las promotoras y constructoras han comprado terrenos a precios altos, alentados por el boom inmobiliario, pagando por este suelo cantidades hasta cinco veces más altas que el valor que ahora van a tener que reflejar en sus cuentas.