El olvido no es una opción en democracia. Y dejar morir la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista, tampoco. Su reconocimiento y dignificación son un inexcusable deber moral, además de un signo de la calidad de la democracia. Así lo plantea el Gobierno en la Ley de Memoria Democrática que previsiblemente se aprobará en el Senado.