Con un claro afán de controlar cuanto les rodea, acaba de aprobarse en el Congreso una nueva Ley de Blanqueo de Capitales que estudia investigar los movimientos bancarios de 1.000 euros. En realidad, es la Administración la que quiere identificar y detectar operaciones sospechosas. Pero para conseguirlo, da poder a los bancos y a las cajas para identificar a sus clientes: cuando un usuario decida realizar una transferencia por importe superior a esta cantidad, la entidad de la que extrae el dinero podrá pedirle explicaciones.