La Diócesis de Canarias sostiene que se ha producido una intromisión en el ámbito de autonomía propio de la Iglesia. El TSJ sostuvo que el obispado no había motivado suficientemente su decisión, por lo que, en el fondo se trataba de despidos nulos, como previamente decidió el juzgado de lo Social, derivados de la participación en una huelga.