El sector inmobiliario quiere forzar al Gobierno a prorrogar urgentemente la vigencia de un decreto ley que aprobó en diciembre de 2008 para evitar que las promotoras entraran masivamente en causa de disolución, como consecuencia del quebranto patrimonial ocasionado por la depreciación de sus activos. A día de hoy, los expertos calculan que más del 50% de las firmas inmobiliarias tienen fondos propios negativos o, lo que es lo mismo, se encuentran en causa técnica de disolución.