La dimensión social que han adquirido los desahucios de vivienda por el impago de la hipoteca, con dos suicidios de afectados en apenas quince días, está logrando un inusual consenso social y político. El Gobierno, los principales partidos políticos e instituciones como el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial están de acuerdo en la inminente reforma a fondo que va a corregir una norma con más de cien años a sus espaldas que a día de hoy se ve tan caduca como injusta.