Una jueza de una cámara civil de Sao Paulo decidió este jueves que los símbolos religiosos podrán ser mantenidos en organismos de la administración pública. El proceso se inició luego de que el presidente de la Asociación Brasileña de Ateos y Agnósticos (Atea), Daniel Sottomaior, se ofendiera por la presencia de un crucifijo en una oficina pública y decidiera acudir al MPF. Para Atea la presencia del crucifijo no respeta el principio de laicidad estatal y libertad de creencia, ni los de "imparcialidad" e "impersonalidad" de la administración.