La reforma de las administraciones locales que se encuentra en trámite parlamentario desmantelará un tercio de los servicios sociales en España, es decir, la parte que financian actualmente los ayuntamientos y de la que se benefician más de siete millones de ciudadanos, fundamentalmente mayores, mujeres víctimas de violencia de género, menores en desamparo y personas con discapacidad.