Una decena de promotores de manifestaciones desarman la tesis de que la institución que dirige José Manuel Franco instó a quienes tenían actos convocados después del 8M a que los anularan por la alerta sanitaria tras permitir la marcha feminista. La Fiscalía vuelve a pedir el archivo de la causa del 8M y carga contra la jueza por la "celeridad" de su instrucción.