La exclusión de Panamá se interpretó como una cesión de España para allanar las adjudicaciones a constructoras como Sacyr en la ampliación del Canal. La propiedad de las acciones de una sociedad panameña no es pública y ese secreto sólo puede ser levantado en caso de investigación penal por orden de la autoridad competente. Panamá copió en 1995 el sistema de fundaciones de Liechtenstein, que garantiza el anonimato de sus beneficiarios.