Seguramente ese plus de fidelidad es un "premio" por X años de servicio, normalmente por 20 o 25 años de servicio efectivo en una administración, y que se cobra una vez en la vida.
#10 Yo también soy funcionario y he estado en todas las movilizaciones que he podido. Desde la mani del 15 de mayo en 2011, la recuperación de Sol el verando pasado, las huelgas generales, el recibimiento a los minero en Moncloa, etc. Y como yo tantos otros funcionarios. Lo que pasa es que no llevamos pintado en la cara que lo somos.
Deberíamos unirnos todos los trabajadores.
Cuanta razón tiene este señor, hay un destino común entre los hambrientos en África y el sufrimiento aquí y el enemigo es el mismo: la oligarquía financiera multinacional.
"Estos amos del mundo deciden a diario quién va a morir y a vivir. Fijan precios. Este poder debe ser controlado por los Gobiernos democráticos."
Necesitamos forzar el cambio social!!!
#36 No creo que la idea de un Estado social se base en depender del estado para sobrevivir, como si fuéramos parásitos de ese estado. Supongo que tienes en cuenta que todos contribuimos con nuestros impuestos a mantener el estado. Y es con ese dinero con el que podemos (o deberíamos poder) financiar la sanidad, educación, pensiones, subsidios por desempleo, ayudas a la vivienda, acceso a la cultura, etc. Si el estado no presta estos servicios habrá una gran parte de la población que no podrá pagarlos.
¿Queremos una sociedad en la que haya una gran parte de la población que no tenga acceso a educación, sanidad, jubilación, vivienda, cultura, etc.? ¿Queremos que solo los hijos de los pudientes puedan educarse y crecer sanos y con perspectivas de un futuro digno? ¿Es eso justo?
Si queremos una sociedad en la que cada uno solvente sus problemas (eufemismo de: que cada uno pague su educación, sanidad, jubilación, desempleo, etc.) entonces para que queremos un estado (los ricos para lo mismo que ahora: proteger su poder y su dinero).
Mejor rompemos la baraja.
Nueva redacción del artículo 1.2 de la Constitución: La soberanía nacional reside en el pueblo español los mercados, de los que emanan los poderes del Estado.
Quizá con una unión de partidos minoritarios que quieren un cambio real en la política española, que desean una verdadera transición política (con todo lo que ello conllevaría: política fiscal, económica, social, etc.), se podría hacer algo interesante. Ahora solo podemos conformarnos con que haya algún diputado que les saque los colores de vez en cuando al PPSOE, aunque no sirva de gran cosa.
Da miedo la sociedad que estamos dejando, y no para de empeorar. Y todavía hay gente que no entiende a quienes se indignan e intentan luchar por un mundo más justo.
Independientemente de la posición política que adoptemos, deberíamos estar de acuerdo todos en que un Estado social y democrático de Derecho, como en el que supuestamente vivimos, debería asegurar una educación de calidad igual para todas las personas, independientemente de los recursos económicos de que disponga.
Si tenemos en cuenta artículo 27.1 de nuestra Constitución, que dice que todos tienen derecho a la educación, y lo combinamos con el mandato recogido en el artículo 9.2 de la misma norma (que establece que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social"), los poderes públicos no deberían favorecer que se produzcan estas situaciones de desigualdad en las que las familias con mayores recursos económicos pueden dotar a sus hijos de una mejor educación, condenando a las familias sin posibilidades económicas a una educación pública residual y de pésima calidad.
Además, si bien es cierto que la Constitución reconoce el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, también dice claramente que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Por estos motivos creo que la educación básica y obligatoria debería ser pública en todo caso, dotando al sistema público de los recursos necesarios para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y una enseñanza de calidad que redundará en beneficio de toda la sociedad española.
Perdón por la chapa.
¿Pero hasta dónde van a llegar con los planes de austeridad? Hasta que los Estados solo mantengan su función represiva y recaudatoria (recaudatoria lo justo para mantener a las fuerzas represivas). Para todo lo demás: Mastercard.
¿Intenso proceso de regulación? Será que nos lo hemos perdido,claro. El sector está muy machacado, di que sí Botín. No se les puede cargar con más impuestos, es abusivo, salta a la vista que el pobre hombre no puede más con estas cargas. Apadrina a un banquero, lo necesita más que tú.
"También se pueden afinar los objetivos. Pero ya hemos descifrado y desarrollado las claves de la cuestión: una democracia digna de ese nombre; una economía al servicio de las personas; vivienda como derecho fundamental y punta de lanza contra la burbuja inmobiliaria; servicios públicos como espacios ciudadanos para garantizar el bienestar; no discriminación, ni por género ni por procedencia, porque la igualdad debe ser más que una palabra."
Estas son las utópicas y radicales pretensiones de las personas que salimos el 15O a las calles.
#53 asaase 