El Gobierno, la Junta, la factoría puertorrealeña y Delphi (DASHI) celebraron la semana pasada una reunión para tratar la situación de la entidad. La multinacional participó en el encuentro a petición de todas las partes implicadas.
El Juzgado de lo Mercantil número uno de Cádiz considera que la sociedad de Delphi en Puerto Real se encuentra en situación de "insolvencia inminente" y ve procedente la declaración de concurso voluntario, por lo que dispone que se abra la fase común de tramitación del concurso.
Fuentes de la investigación no descartan que se produjera una filtración que alertara al PP de las indagaciones judiciales puestas en marcha.
Las instalaciones y la maquinaria pasaron de estar valoradas en las cuentas del año 2004 en 91,2 millones a unos escasos 22,4 millones de euros en 2005.
Son entre un 8,5 y un 48,6% más caras que la media de los países europeos
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, pidió a los partidos políticos de la oposición que «no sean ridículos» cuando apuntan que la Junta quiere «silenciar» el conflicto del cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real hasta las elecciones municipales, mientras que los partidos de la oposición reiteraron que la Junta «pretende la desmovilización social» y quiere «poner sordina a esta crisis» hasta después de esos comicios.
La Junta de Andalucía considera que la multinacional Delphi ha incumplido hasta tres directivas comunitarias además de la legislación laboral española con el cierre 'ilegal' de la planta de Puerto Real. El Gobierno andaluz llevará a la fiscalía estos presuntos delitos si la jueza rechaza la declaración de insolvencia, mientras que se personará en el proceso si se admite la solicitud.
Ahora se ha sabido que mientras la alcaldesa de Cádiz, Teofila Martínez le pagaba los autobuses a las mujeres de los trabajadores de Delphi para que se manifestaran en Sevilla, en el despacho profesional de su primer teniente de alcalde, Enrique García-Agulló se realizaban las gestiones pertinentes, en nombre de la empresa, para llevar a buen puerto su intención de marcharse de la Bahía de Cádiz.
Una cosa es negarle a Delphi el derecho de trasladar su planta a otros país de la Unión Europea (UE), y otra bien distinta que el cierre y extinción total de empleo de la fábrica de Puerto Real incumpla la directiva comunitaria de Aproximación a la Legislación Europea.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró hoy que en el mes que ha transcurrido desde el anuncio del cierre de la factoría Delphi Automotive Systems en Puerto Real (Cádiz) "se han establecido contactos con las autoridades de Estados Unidos para conocer los problemas que plantea la casa Delphi", en suspensión de pagos y en proceso de liquidación.
Sindicatos y la Administración regional se unen para actuar contra la empresa por la vía penal El Gobierno busca compradores para la planta y nuevas líneas que diversifiquen la producción
La ley Concursal prevé el expediente de regulación de empleo y hasta un año de indemnización La dirección de la compañía en España garantiza el fondo para el despido de la plantilla
La compañía Delphi, cuyas operaciones se centran en la planta de componentes de automoción de Puerto Real (Cádiz), ha presentado hoy la solicitud para ser declarada en concurso bajo la Ley de Insolvencia española alegando para ello el "deterioro de su situación patrimonial".
El presidente andaluz asegura que «no dejará en la estacada» a los trabajadores El comité aprueba una huelga general, otra de hambre y un encierro sin concretar fechas
La factoría de Delphi en Puerto Real cuenta, a día de hoy, con contratos en vigor con diferentes clientes que tienen vigencia hasta el año 2012. Así de contundente es el dato que figura en el informe que la propia empresa entregó el pasado martes a la Junta y al comité de empresa en la primera reunión entre las tres partes celebrado en Puerto Real.