Tras epidemia de la E-Coli del 2011 se vio que la Unión Europea no disponía de mecanismos eficientes en materia de promoción para hacer frente a la pérdida de confianza del consumidor, y en aquel caso concreto además los productores españoles se habían visto envueltos de manera infundada en un escándalo sanitario del que no eran en absoluto culpables. El reglamento acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea contiene una base jurídica suficiente, tal y como propuse en las negociaciones, para que la Comisión