Una sentencia del Tribunal Constitucional ha anulado ocho artículos de la Ley de Patrimonio de Madrid, un 20% del texto. La normativa regional había rebajado la protección y abierto el camino para las obras en varios edificios históricos de Madrid. La sentencia sienta un precedente, deberá tenerse en cuenta en el resto de Comunidades Autónomas con normas parecidas (Castilla la Mancha, Valencia, Galicia) y pone freno a la "fiebre desreguladora de la derecha que está produciendo demasiados daños en el patrimonio cultural".