El pasado 4 de Febrero, fueron convalidados los dos Reales Decretos-ley que llevan a efecto el incremento de las retribuciones en el ámbito del sector público y la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social.
La primera de las medidas adoptadas, que tiene su origen en un acuerdo alcanzado en Marzo de 2018 entre el Gobierno del Partido Popular y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, prevé un aumento salarial del 2% que el Gobierno estima, en términos absolutos, en un monto de 3.264 millones.
Por su parte, la segunda decisión adoptada en cumplimiento del compromiso anunciado en los programas electorales de los partidos que conforman la actual “coalición” de Gobierno entre PSOE y UP, establece una subida de las pensiones contributivas de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado de un 0,9%. En este caso, la cuantía de gasto estimada es de 1.406 millones.
En resumen, nada más comenzar el ejercicio, cuando según la mayor parte de las estimaciones nuestro país no cumplirá con el objetivo de déficit de 2019 (ampliación en elgorgojorojo.wordpress.com/2019/12/25/deficit-de-las-administraciones), fijado por el Gobierno del PSOE en el 2% PIB, se aprueba un incremento estructural del gasto público de más de 4.500 millones sin que, a su vez, se adopten medidas compensatorias (aumento de ingresos o reducción de otros gastos).
No entro a valorar la justeza de las medidas aprobadas, aunque debo apuntar que todo lo que suponga afrontar gastos actuales con deuda a pagar en el futuro cuadra mal con la “solidaridad intergeneracional” y, como es sabido, nuestro país tiene contraída una deuda cercana al 100% de PIB pese a que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone que no debería superar el 60% del PIB.
La irresponsabilidad presupuestaria de las formaciones políticas tiene alguna excepción, como puede comprobarse en las intervenciones que constan los diarios de sesiones del Congreso donde se hacen apreciaciones tan razonables como (sic):
“plantear una subida de las pensiones sin incluirla en un marco de reformas que hagan posible la viabilidad social y financiera del sistema constituye un ejercicio de irresponsabilidad. Además, a corto y medio plazo esta decisión reviste una especial gravedad, cuando la Seguridad Social lleva años arrojando un déficit del 1,5% y cuando el déficit para el conjunto de la Administración pública se situará este año 2020 alrededor del 2,5% del PIB, desbordando con ello los objetivos acordados con la Comisión Europea”.
Sin embargo, el mismo grupo parlamentario que apuntaba lo anterior respecto de la actualización de las pensiones públicas omitía esta razón entre las aducidas para no apoyar el aumento de las retribuciones públicas.