El gobierno publicó el jueves una nueva orden ministerial en el BOE cuyo objetivo consiste en fijar un procedimiento para luchar contra la desinformación que permita apoyar “el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las Administraciones en el marco de la comunicación pública”. De primeras, sin pararse en análisis, la copla suena a gloria bendita. El problema es que, a la segunda, a poco que uno pone a funcionar la materia gris, esa impresión inicial queda rápidamente superada por la convicción de que la libertad de expresión debería dejarse de alegrías y buscarse un buen abogado que defienda su integridad en los tribunales. Las amenazas que se ciernen sobre su cabeza son de una gravedad extrema porque el documento del gobierno deja que corra entrelineas el virus del liberticidio sin ponerle coto. Dependiendo de la interpretación que se ofrezca del término “desinformación”, y a poco que la misma se incline en favor de los intereses del gobierno de turno, cualquiera que no trabaje al dictado de la superioridad puede verse en la triste situación de vestir un sambenito camino de la hoguera –en sentido figurado, se entiende–.
Las críticas a la orden ministerial no se han hecho esperar y van todas en el sentido de denunciar los posibles abusos a que podría dar lugar la aplicación del procedimiento previsto en la misma. El gobierno se defiende alegando que el contenido del texto en modo alguno pretende favorecer una censura informativa sino arbitrar los medios para detectar campañas de comunicación promovidas desde el exterior con el ánimo de inmiscuirse en asuntos de interés nacional. Pero, por mucho que utilice como excusa un argumento que viene a ser algo así como la versión millennial del contubernio judeo-masónico, la orden ministerial –toda ella– tira un tufillo a inquisición mediática que revuelve el estómago. El documento, adrede o no, deja abierta una puerta que consiente explorar la posibilidad de fijar a conveniencia “verdades oficiales” sobre cualquier asunto noticiable; de ahí a silenciar a quienes pretendan oponer algún argumento o información alternativa hay un paso muy corto que pasa por tachar de falso todo aquello que no se ajuste a la versión canónica.
En el corazón de Europa no ha hecho ni pizca de gracia que uno de sus estados miembros saque los pies del tiesto en una materia tan delicada como es la libertad de expresión/prensa. De hecho, se han equipado con lupa para analizar el nuevo procedimiento de actuación aprobado por nuestro gobierno. “Lo estamos estudiando”, ha dicho un portavoz del Ejecutivo comunitario. Primer aviso. Y, si no media una rectificación urgente, llegará en breve la regañina o el rapapolvo. La prudencia aconsejaría retirar el bodrio a cocinas antes de que eso ocurra, pero este gobierno no tiene por costumbre cejar en sus empeños ni escuchar reparos salvo que vengan acompañados por una amenaza de retirada de crédito.
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