La circulación de dos monedas en Cuba representa mucho más que un problema contable o de medición de la economía. Si fuera solo eso, la decisión de revertir el sistema actual al que existía anteriormente, sería fácil y probablemente ya se habría adoptado. Con ello, la credibilidad de la economía sería mayor, los costes de gestión para las empresas menores y, en general, la vida de los cubanos se vería facilitada por la eliminación de los cambios obligatorios.

Desde que se adoptó la doble moneda en Cuba, durante el período especial, las bases del sistema económico y del marco jurídico de los derechos de propiedad ha permanecido inalterada. A pesar de la puesta en marcha del denominado proceso de actualización del modelo económico y social hace diez años, los resultados distan mucho de ser favorables.

En 2018 la economía se encuentra constreñida por una asfixiante falta de liquidez, la paralización de la actividad productiva por la reducción de los envíos de petróleo es incuestionable y las fuentes de crecimiento, como el turismo, las remesas o las inversiones extranjeras, dejan mucho que desear. El sistema económico continúa en manos del estado, es decir, del consorcio de la seguridad del estado y el ejército, y el pueblo cubano malvive con salarios nominales y reales cada vez menores que limitan su capacidad de consumo y ahorro.