La Constitución de 1940, de carácter casi socialista gracias al pacto entre el nacionalista Fulgencio Batista y la elite intelectual de izquierda, por fin pudo abolir el asesinato legal por parte del Estado: "No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera" (Artículo 25).

Pero a la vuelta de una década llegó el comandante y mandó a matar.

La fiesta de los fusilamientos comenzó apenas se supo de la fuga de Fulgencio Batista. El 7 de febrero de 1959 se impuso al país una Ley Fundamental que derogaba sin ninguna fundamentación legal a la Constitución de 1940.