La recién firmada ley SB 168 exige a las autoridades y entidades policiales estatales y locales que cumplan las solicitudes de retención inmigratoria, lo que significa exigir a los policías que mantengan detenido a alguien con causa probable porque son “deportables” a tenor con las leyes de inmigración. La medida también prohíbe a las autoridades locales implementar políticas de “santuario”, que hasta ahora no estaban definidas en las leyes estatales, y da al gobernador la autoridad para eliminarlas si no cumplen con la ley.