En 2008, tras un año de record en la economía española, con superávit presupuestario, se rompió el modelo de financiación del Estado. La crisis afectó en un primer momento al Impuesto de Sociedades. Así, progresivamente, este impuesto fue perdiendo peso dentro de la Agencia Tributaria, pasando de suponer un 22,34% de sus ingresos en 2007, a ser un 10,15% en 2010. Ante la presión de enfrentarse a su deuda, no quedó otra de recurrir a otros impuestos: el IVA y el IRPF.