Aquel informe del Consejo Fiscal, realizado antes de la tramitación parlamentaria ya advertía de que “el plazo de duración de las diligencias no es realista y además es preciso establecer con mayor detalle las consecuencias procesales de su transcurso hasta que no se produzca la necesaria reforma del proceso penal español tal medida de limitación temporal sujeta a control carece de sentido, de utilidad y resulta de difícil aplicación práctica por lo que el Consejo Fiscal solicita su supresión”.