- En 2012, CCOO y UGT pactaron con la patronal en el II AENC (Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva) buena parte de las medidas más nocivas que posteriormente se incluirían en la reforma laboral de Rajoy.
- Desde entonces, en el periodo 2012-2020 la revisión salarial ha estado desligada de la inflación mediante pactos entre UGT-CCOO y la patronal en los AENC y posteriormente trasladados a los convenios colectivos.
- Para 2022, donde el BdE prevé una inflación superior, los sindicatos siguen proponiendo alzas salariales desligadas del IPC, y por debajo de éste.
- La inflación es una forma de redistribuir la riqueza hacia los empresarios.
Por una cuestión de lógica aplastante, las subidas del coste de la vida deberían repercutir automáticamente en subidas salariales, de lo contrario los contratos de trabajo firmados estarían dando una contraprestación económica cada vez menor para un mismo trabajo realizado.
Para compensar estas pérdidas de poder adquisitivo se han venido incluyendo cláusulas de garantías salariales en los convenios colectivos. La lógica imperante, sin embargo, es justo la contraria. En un régimen capitalista como el actual, donde el Estado, sus gobiernos, leyes e instituciones están para beneficiar a la clase económica más adinerada, la lógica es que los trabajadores se empobrezcan cada vez más y, para ello, se procura eliminar esas cláusulas de los convenios. Así, la inflación se convierte en una forma de redistribuir la riqueza de los trabajadores hacia los empresarios. De manera que si no queremos ver reducidos los salarios, el Estado y sus leyes nos obligan a organizarnos en torno a un sindicato que movilice, luchar, hacer huelgas restringiendo nuestros ingresos vitales, y todo ello mientras se esquiva la represión del propio Estado, así como las traiciones de los sindicatos regados con dinero público (véase la reciente huelga del metal en Cádiz). Todo ello para que se actualizen los sueldos conforme al coste de la vida, algo que como decimos no tendría porque estar en cuestión cada año.
De esta forma, la legislación laboral española tiene relegadas las actualizaciones salariales al resultado de la negociación colectiva, es decir, están en manos de unos sindicatos corruptos financiados generosamente por las arcas públicas.
Situación general
Según publicó el diario El País el pasado día 17, actualmente, solo 1,2 millones de trabajadores tienen cláusula de garantía salarial, es decir sólo un 15,65%, frente al 70% de los trabajadores que estaban cubiertos por esta cláusula antes de 2008.
El artículo se ilustra con una gráfica donde se observa la evolución decreciente de esta cláusula en los últimos años. Se ha dado la vuelta totalmente a la tortilla en favor de la patronal.
En el mismo artículo aparece la excusa esgrimida por esos sindicatos para esta traición. Su argumento:
“Influyen siempre las crisis, pero la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy dio a las empresas toda la fuerza en la negociación”
El propio gráfico desmiente estas palabras, pues se ve cómo desde 2008 viene reduciéndose las garantías salariales. Pero tanto la crisis de 2008 como la reforma laboral de 2012, fueron la excusa para ir eliminando esas cláusulas de los convenios colectivos, pues justo en un período donde la inflación ha sido baja e incluso negativa, no tenía ningún sentido eliminar esas cláusulas de revisión salarial. Sin embargo, ahora cuando la inflación se ha desbocado los trabajadores estamos padeciendo las consecuencias de aquella traición en diferido.
Los AENC
Porque a esta situación a la que nos han llevado con respecto a las cláusulas de revisión salarial no está motivada por una cuestión de pérdida de fuerza de los trabajadores derivada de una reforma laboral, sino que más bien es al contrario. Tal situación corresponde a una planificación acordada previamente por la patronal y los sindicatos CCOO y UGT, a través de la firma consciente, voluntaria, premeditada y reiterada de los llamados Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Unos acuerdos que se instauraron entre patronal y sindicatos mayoritarios como marco de referencia de medidas a llevar a la negociación de todos los convenios sectoriales, y que se anticiparon a la reforma laboral en sus medidas más nocivas. Es decir, los sindicatos llevan años engañando a los trabajadores y escurriendo su responsabilidad en la precariedad vigente, achacándola a una reforma que ya habían aceptado con antelación, traicionando a los trabajadores, que nos han reiterado estar combatiendo todo este tiempo y que finalmente han aceptado con su firma en la nueva reforma laboral, retocada con medidas cosméticas.
Así, en enero de 2012 se firmó el II AENC, para el periodo 2012-2014, y como pusimos de relieve en el análisis que surgió del trabajo de un grupo de sindicatos sobre el II AENC, los sindicatos CCOO y UGT asumían en la práctica cada una de las medidas que posteriormente en febrero de ese año se implantaron en la reforma laboral de Rajoy:
- preeminencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales (medida que usan como excusa para la merma de fuerza en la negociación así como la pérdida de la ultraactividad)
- capacidad de los sindicatos firmantes de llegar a acuerdos en empresas donde no tienen representación legal (medidas que recientemente también ha incluido el Gobierno progresista en las últimas leyes sobre Planes de Igualdad)
- posibilitar a los empresarios para realizar modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo (MSCT) en base a previsión de disminución de beneficio futuro (es decir, según el criterio del empresario que hace las cuentas), tanto en la forma de rebajas salariales como cambios de jornada y aumento de su duración
- sustitución de las categorías profesionales por divisiones funcionales, facilitando el robo a los trabajadores pagando salarios de categorías inferiores a las funciones reales, definidas de forma ambigua para imposibilitar su reclamación judicial
- “subidas” salariales del 0% para 2012, 0,5% para 2013 y 0,6% para 2014
Es decir, la pérdida de las cláusulas de garantía salarial fue un acuerdo previo entre la patronal y los sindicatos a su servicio. Así como el resto de medidas precarizadoras que ellos achacan a la reforma, y que han ido incorporando a los convenios colectivos sectoriales.
Estos acuerdos fueron renovados en 2015, desde CSC analizamos sus consecuencias, y posteriormente en 2018, que también desmenuzamos junto a otros sindicatos de clase del Estado. Destaca en estos la continuidad de trasladar a los convenios colectivos unos incrementos salariales inferiores al IPC, y desligados de éste:
Lo que sí es cierto es que la fuerza en la negociación de estos sindicatos hace mucho tiempo que la perdieron, pero de forma voluntaria, con su renuncia explícita a movilizar a los trabajadores, con la renuncia a revertir cada una de las reformas laborales, y finalmente asumiéndolas, junto con sus medidas precarizadoras, que ha propiciado que haya cada vez más temporalidad, cada vez menos trabajadores en convenio, y finalmente unos convenios negociados cada vez con más pérdidas de derechos laborales.
Continúa la hipocresía. Firman pérdidas de poder adquisitivo, mientras te dicen que no lo van a permitir y negocian las siguientes pérdidas.
Llegamos al año 2021 con la inflación dispara del 6,7%, y con las cláusulas de garantía salarial desactivadas de los convenios, gracias a los AENC firmados por los sindicatos CCOO y UGT, lo que ha ocasionado la pérdida de 5,2 puntos respecto al IPC en la media de subidas salariales, llegando apenas al 1,47%, y quedando muy por debajo del 2% marcado por el último AENC (2020). Un efecto endiablado pactado durante años que aflora ahora con la desorbitada alza de precios y deja a los trabajadores literalmente vendidos. Sin embargo, para ocultar su complicidad en ello, simulan defender a los trabajadores de lo contrario de lo que han firmado
La patronal fiel a sus intereses sigue haciendo llamamientos a la "moderación salarial" y pide evitar las subidas, no contentos con las graves pérdidas infligidas a los trabajadores.
Por contra, los sindicatos verticales, deseosos de cumplir el papel que le otorga la ley para validar los deseos de la patronal, y que tan buenos beneficios les reportan, vuelven a reeditar en la negociación del AENC para 2022, “exigencias” de subidas salariales, de menos del 3%, desligadas del IPC y por debajo de éste, para un año donde la inflación se espera superior a la de 2021.
Es decir la escenificación de todo un teatro con costes millonarios en subvenciones para corromper a los sindicatos y que firmen lo que la patronal les diga, en un tema como las subidas salariales que por ley deberían estar ligadas automáticamente a la inflación. De esta manera el Estado encubre supuestamente con “negociaciones” entre entidades con “representatividad democrática”, la toma de decisiones sobre el reparto de la riqueza, que en realidad toma la patronal consigo misma, a costa del resto de la población.
No es de extrañar, por tanto, que los sindicatos vendidos de CCOO y UGT tengan en la patronal uno de sus mejores defensores frente a los trabajadores que sí están dispuestos a movilizarse, y ésta sea un invitado especial en los propios congresos sindicales:
Con estos sindicatos amarillos vendidos los trabajadores vamos a seguir perdiendo cada vez mas derechos y nuestras condiciones de vida seguirán adentrándose en la miseria, pues la oligarquía tiene claro quienes vamos a costear la crisis perpetua a la que lleva el capitalismo. Sólo expulsando del movimiento obrero a estas organizaciones corruptas que impiden que los trabajadores se unan, se podrá retomar la senda de lucha y confrontación contra esos capitalistas a los que sirven, pues es la única forma de impedir sus deseos de acaparar toda la riqueza que producimos. Para ello, debemos implicarnos personalmente en la organización, con la que construir de nuevo la movilización de la clase trabajadora que necesitamos.
¡Fortalece el sindicalismo de clase, afíliate a la Alternativa Sindical de Clase (ASC)!