El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, adjudicó a dedo diferentes contratos al Grupo El Castillo para la gestión de varios centros de menores de la región, las mismas instalaciones de las que desaparecieron numerosos menores y cuyas instalaciones y mantenimiento se encuentran en condiciones que han llegado a ser denunciadas ante la Justicia.