Esta medida afectaría al 53,4% de la población española (casi 25 millones de personas) que utilizan gafas graduadas, lentes de contacto o ambos sistemas para la compensación de sus defectos de refracción. El tema es muy serio, ya que afectaría dramáticamente al sector de la óptica y también para la población en general, que vería aumentar el precio de los equipamientos ópticos de forma significativa.