Los cenetistas, defendidos por el letrado Ramón Campos, mantienen que no tenían otra intención que darle un uso a un edificio desvalijado, desde que fue abandonado en el 2008, y que les corresponde por derecho. El inmueble figura en el inventario de bienes de Patrimonio Sindical Acumulado (PSA) que, según la ley 4/86 y una sentencia del Tribunal Constitucional de 1992, deben ser entregados a los sindicatos por haberles sido embargados durante y tras la Guerra Civil, además de por las cuotas pagadas durante el franquismo al Sindicato Vertical.