#1 Supongo que te refieres a los fraudes de la gestión de la formación en Andalucía, no a los EREs. Los casos de corrupción que ha padecido el sector nos ha hecho muchísimo daño al resto. La imagen que transmitimos ahora mismo es tan mala que nos va a costar muchos años volver a prestigiar el sector. Evidentemente el que haya cometido ilegalidad alguna debe responsabilizarse de ello, tanto los cargos públicos implicados, como las empresas que gestionaron las subvenciones.

En nuestro caso en particular, ahora mismo nos encontramos en un momento de transición entre "los cursos del paro" y títulos reglados con validez europea. Cuesta trabajo quitarse el estigma del "curso gratis" o del "lo hago por hacer algo", pero estamos trabajando en ello, poniendo en valor los títulos y haciendo las cosas bien y con estándares de calidad muy altos.

No soy andaluz, así que no tengo una opinión formada sobre Susana Díaz,. De C's tenía muy claro que iba a pasar este tipo de cosas en cuanto les ofrecieran algo, pero les va a pasar factura en las generales. Supongo que habrán sopesado lo de "¿es mejor pájaro en mano o ciento volando?" y han cogido el pájaro en mano.

#2 Es la segunda pregunta sobre Andalucía, y no estoy familiarizado con aquel escenario. Yo trabajo en la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, entiendo que a las empresas que han delinquido con los fondos para formación se las debe apartar del sector, independientemente de las medidas legales que además se tomen. Por tanto, para enseñar a lo que sea a quien sea, se deberían buscar empresas que no hayan realizado actividades ilícitas con anterioridad.

#7 Nosotros normalmente trabajamos con fondos que provienen de la CAM o el SEPE. Antiguamente gestionábamos también fondos de sindicatos y otros agentes sociales, pero desde hace tiempo no lo hacemos. Te puedo contar más o menos como es el proceso de una licitación pública, para que te hagas una idea.

1.- La entidad pública saca a concurso el plan de formación anual, indicando el número de acciones de cada curso que quiere ofertar, así como la asignación económica para ese curso. Es decir, dice que va a impartir 25 cursos de Diseño web, 13 de Gerocultor, 11 de Socorrista, 30 de Ofimática, etc. Así hasta cumplimentar los X millones que tienen dedicados a esa programación anual. Asimismo presenta las bases para ese concurso: los límites, el sistema de puntuación, etc.

2.- Los centros acreditados estudiamos la programación, y decidimos a qué queremos concursar, en base al tipo de formación que tenemos homologada (no puedo pedir un curso de Transporte Sanitario si no tengo medios e instalaciones previamente aprobados por la CAM, por ejemplo), el importe económico, y nuestra propia estrategia (especialización, maximización de resultados, facilidad de ejecución, etc). Después, preparamos el concurso y presentamos la documentación que se nos exige en cada una de las acciones.

3.- Sale la resolución del concurso, y tras un periodo de reclamaciones se otorga definitivamente la programación a cada uno de los centros. El límite de este año era por ejemplo 300.000 euros por centro, y máximo 900.000 por CIF, para que te hagas una idea de las cantidades que se manejan.

4.- Programamos aulas, profesores y medios, y comenzamos con la captación de alumnos. Si el curso es para desempleados, las propias oficinas del INEM hacen los sondeos. Si son trabajadores, hay que realizar acciones comerciales para buscar candidatos.

5.- Pedimos un anticipo económico para ejecutar la programación. Tras pedirnos avales bancarios, nos lo dan.

6.- Ejecutamos las acciones, siendo auditados por…   » ver todo el comentario

#11 No, no soy consciente de ello, y supongo que desde luego a niveles autonómicos y estatales es casi imposible que esto suceda, por el propio sistema de concurso. No hay adjudicación directa, sino que se trata de un concurso público, con un sistema de baremación a la vista de todos que no permite chanchullos de ese tipo. Lo único que se me ocurre que pueda suceder es, a muy alto nivel:

A) Que te hagan un concurso "a medida", donde puntúen por ejemplo que tengas presencia en 15 comunidades autónomas (y sólo tu lo cumplas), o que te den puntos adicionales por una EFQM +500 (y sólo tu lo cumplas), o cosas similares.

B) Que te filtren información, y puedas ajustar tus solicitudes a los cursos que tengas más posibilidades de llevarte, por escasa competencia, o por algún otro motivo. Información privilegiada, vamos.

En cualquier caso, mi empresa esta muy lejos de poder influir a esos niveles.

Donde si es más fácil que se produzcan compadreos o chanchullos es, como no, a nivel autonómico. Que el Ayuntamiento de Poyatos de Arriba vaya a impartir un curso de Ofimática para mujeres del municipio (por ejemplo), y te lo adjudiquen a ti a dedo. Eso es muy fácil.

En temas municipales, lo más parecido a un "soborno" que soy consciente que mi empresa haga, aunque es absolutamente legal, es el tema de las "mejoras del concurso". En los pliegos del concurso hay varios puntos que se tienen en cuenta: formadores, experiencia, calidad, etc etc... y uno de ellos es el de "Mejora sobre la propuesta". Imagina que te exigen que el curso tenga 17 ordenadores, y tu propones que además vas a llevar 17 tablets, o te piden que pongas un formador, y tu dices que vas a llevar a dos, que el aula tienen que tener proyector y pizarra, y tu dices que en vez de pizarra normal vas a poner una pizarra digital, o cosas similares. Todo eso lo tienen en cuenta para escoger a un proveedor u otro.

Una modalidad de mejora que hemos visto que es muy bien acogida es decirles que el equipamiento informático que llevamos, luego se lo pueden quedar en propiedad para impartir ellos otros cursos, o para montar un centro de acceso a internet en el municipio, o para lo que les de la gana. Casi siempre que hacemos eso, ganamos.