Cuando a Andrés le despidieron, pensó en hacerse autónomo. Tras ver su situación económica, y para no renunciar a cobrar el paro, se asoció a una cooperativa de facturación. "Era una forma de reingresar en el mercado laboral sin arriesgarlo todo y ahorrarme algo de dinero. Además, todo el mundo me dijo que era legal, incluso un funcionario de la Seguridad Social", asegura a RTVE.es. Ahora, un año y medio después, ha recibidoun acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que le reclaman unos 3.000 euros.