Desde marzo de 2020, y durante 27 meses, ha estado vigente la conocida como moratoria concursal. Una medida que se tomó para frenar las declaraciones de quiebra de las empresas debido a la pandemia del coronavirus. Tras tres prórrogas, el pasado 30 de junio se puso punto final a la misma. Y las consecuencias se han dejado notar en el sector de la construcción. En julio, se han declarado 1.725 disoluciones y 133 concursos de acreedores.