Primero fueron los artistas. Luego, los grandes sellos discográficos. Y ahora llegan las independientes. Y todos contra el Gobierno y el Ministerio de Cultura por su política contra la persecución de la "piratería" digital. Una veintena de empresas discográficas independientes se han unido para demandar a la Administración por los daños patrimoniales que, según ellas, les ha causado a su negocio al tolerar las descargas "ilegales" por Internet y no perseguir a los infractores.