El ministerio de Hacienda y el Banco de España tienen prácticamente lista una norma fiscal que permita suavizar el impacto de Basilea III y los efectos que supone no poder computar como recursos propios los llamados activos fiscales diferidos. De completarse, será algo así como una artimaña, una ventaja fiscal que otorgará el Gobierno para que esos activos sí computen como capital, eso sí gracias a un aval del Estado tras su transformación en crédito.