El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Presidente Nacional del Partido Popular nos han regalado, hace pocos días, un divertido remake (www.huffingtonpost.es/entry/dura-respuesta-escriva-feijoo-mentir-pensi) de la película “Entre pillos anda el juego”.
En una entrevista de Núñez Feijóo, a la pregunta de si las pensiones deben subir de acuerdo con la inflación, apuntó que “el Gobierno no puede subir más de un 3% el gasto corriente por un pacto que tiene con la UE para obtener fondos europeos”.
Lo que es público es el que el Consejo de la UE, en su Recomendación de 12 de Julio de 2022 (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0901(11)&a, instó a nuestro pobre país que en 2023, garantice una política presupuestaria prudente, en particular limitando el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo, teniendo en cuenta la continuación de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y empresas más vulnerables a las subidas de los precios a la energía y de las personas que abandonan Ucrania”.
Respecto de la cuantificación de ese incremento hay muchas incógnitas (mi aproximación en elgorgojorojo.wordpress.com/2022/09/09/revalorizacion-en-2023-de-las-p) y como apunta el Presidente Nacional del PP el problema es que, si se actualizan al año que viene las pensiones conforme al IPC, quedará escaso dinero para todo lo demás o, incluso, quizás haya que disminuir sus cuantías.
La opción de desoír la Recomendación del Consejo de la UE, hasta donde yo sé, no compromete la obtención de fondos europeos, pero sí la actuación de apoyo a nuestra deuda pública, en el sentido de contener su coste, por parte del BCE si nos atenemos a la nota de prensa (www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/Decisiones) sobre el Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI).
Por su parte, Escrivá ha replicado a Núñez Feijóo que la LOEPSF excluye el coste de las pensiones de la regla de gasto.
Efectivamente, el art. 12 de la LOEPSF establece que el gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, pero no extiende está prohibición a las Administraciones de Seguridad Social.
Las posturas en las que se enmarca la controversia son:
a) el Presidente Nacional del PP anticipa una situación que, hoy por hoy, es hipotética (aunque tiene muchas probabilidades de hacerse realidad) y da por hecho que las instituciones comunitarias impedirán la actualización de las pensiones conforme al IPC.
b) el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerda el derecho nacional permite que la variación del gasto de la Seguridad Social rebase el de la tasa de crecimiento potencial a medio plazo de la economía y da por hecho que las instituciones comunitarias no van a reaccionar ante un incumplimiento de sus orientaciones fiscales.
La solución final vendrá condicionada por la evolución de la inflación, de los mercados de deuda y de las actuaciones del BCE, pero la cosa no pinta bien para los pensionistas.
pys