La carga de la prueba recae sobre quien reclama un derecho. Sin embargo, en España, la Iglesia Católica ha disfrutado de un privilegio sin precedentes que ha permitido invertir esta lógica fundamental. Gracias a las inmatriculaciones basadas en una simple certificación eclesiástica, ahora son los ayuntamientos y los ciudadanos quienes deben probar lo que es suyo. Un monte, que tradicionalmente era de uso comunal, incluso inventariado como tal, es inscrito en el registro de la propiedad a nombre de la Iglesia...