Los parlamentarios se limitan a cubrir un cuestionario en el que cada uno justifica hasta donde quiere el nivel de intereses y posesiones que le afectan sin dar detalles y sin que ningún órgano compruebe la información facilitada. El caso del diputado de la extrema derecha evidencia el descontrol que sigue existiendo sobre las declaraciones de bienes y actividades de los parlamentarios diez años después de que su presentación fuese declarada obligatoria por la Cámara Baja.