El Tribunal Constitucional frenará un decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado en diciembre de 2019 por la Generalitat de Cataluña, que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocuparan sin título una vivienda que llevara dos años vacía sin justificación y que abría el marco jurídico de la limitación de los precios del alquiler aprobada luego también por decreto durante la pandemia el pasado 2020.