Introduce una disposición para que las eléctricas puedan renunciar en seis meses a sus concesiones tras la entrada en vigor del mecanismo para descontarles los llamados "beneficios caídos del cielo" que reciben por el CO2. "En el plazo de seis meses desde la entrada de esta Ley, los concesionarios de derechos privativos al uso del agua para producción hidroeléctrica afectados por la presente ley podrán renunciar al mismo y solicitar la extinción de tal derecho", dice el texto.