“El juez ha de quedar apartado de cualquier función activa en la pugna que entre el Estado y el ciudadano tiene lugar en todas las fases de procedimiento criminal”, dice el Ministerio en este documento elaborado por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia dependiente de la Secretaría de Estado. A juicio del Gobierno, el juez “debe ser capaz de tutelar los distintos intereses desde una posición de real y efectiva imparcialidad”. [...] Ahora serían los fiscales quienes tendrían autonomía para dirigir la investigación.