El incumplimiento recurrente de los tribunales españoles de la jurisprudencia europea, tal y como ha ocurrido recientemente con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que negó la fijeza a tres trabajadores interinos a pesar de lo indicado por la sentencia del TJUE, ha provocado que la Comisión Europea tenga que responder por escrito al Parlamento Europeo, lo que puede traer como consecuencias sanciones contra España.