El documento, de 138 páginas, expresa una opinión “desfavorable” o adversa, no sólo de la muestra de contratos analizados –126 expedientes con un gasto de 56,6 millones–, sino también del “mal uso o abuso” del sistema de contratación de emergencia durante aquel año. El informe de control está dirigido por la Interventora Central Adjunta del Servicio Andaluz de Salud, Victoria López Gutiérrez, junto a dos asesores técnicos –José Miguel Lirola e Isabel Clavero– bajo la supervisión de la Interventora Central del SAS, Blanca Pons Rodríguez.