La futura Ley cambia aspectos sustanciales en la investigación de los delitos, que pasa a depender de los fiscales y no de los jueces, como hasta ahora. El anteproyecto señala que los jueces se limitarán en los procedimientos judiciales a ejercer de árbitros para garantizar que se respetan los derechos de quienes participan en la causa. También prohíbe a los partidos políticos y sindicatos ejercer la acción popular como hacen ahora en los casos de corrupción.