La propuesta de Sumar surge en respuesta a la jurisprudencia que, hasta abril de 2024, permitía a los trabajadores con incapacidad permanente ejercer su derecho al trabajo, conforme al artículo 35 de la Constitución, que garantiza el “derecho al trabajo” de todos los ciudadanos. Sin embargo, la sentencia STS 544/2024 del Tribunal Supremo cambio de criterio prohibiendo esta posibilidad, limitando el trabajo a actividades “marginales e intrascendentes”.
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