Una antigua militante denunció en julio de 2020 la existencia de una caja b en Valencia: en solo 13 días, el ministerio público concluyó que no había indicios de delito pero envió al organismo fiscalizador un escrito para que analizase los hechos "por si fueran constitutivos de alguna de las infracciones administrativas contempladas" en la Ley de Financiación de Partidos, ahora, el tribunal confirma que solo investiga lo que "de oficio" considera prioritario o solicitan las Cortes o Parlamentos autonómicos.