La Guardia Civil investiga ahora si el responsable de la mina de bitcoins, actividad que no es ilegal y que formaba parte de una pool -un conglomerado de granjas que reciben compensación económica en función de la potencia de procesamiento de datos que generan-, ha podido cometer defraudación de fluido eléctrico, algo típico en estas instalaciones y que se realiza para paliar el coste de su elevado consumo eléctrico.