En una sentencia fechada el pasado 5 de enero, el titular del juzgado, el magistrado Marcos Bermúdez, estima parcialmente la demanda interpuesta por la empresa, que pedía una compensación de 475 euros al titular de una dirección IP de conexión a internet a través de la cual se hizo la descarga mediante un programa de intercambio de archivos (P2P). En su resolución, contra la que no cabe recurso, el juez evidencia que la descarga de películas "es ilegal".