Para los anarquistas, el poder judicial (tribunales, cárceles) forma parte, junto con la policía y el ejército, de las instituciones represivas del Estado cuyas misiones fundamentales son el control social y la protección de la propiedad privada. Garantiza que la explotación económica y la desigualdad social continúen reprimiendo a quienes las combaten.
En general, las prisiones se utilizan principalmente para retener a los pobres y a los marginados. Los jueces aplican a estas personas normas que no pueden aplicar a todos los demás: el propietario de una empresa puede robar el trabajo de sus empleados sin límite, pero cuando éstos deciden reapropiarse de parte de su capital, son acusados y condenados. La desigualdad es una fuente de tensión, y el sistema judicial, al impedir que esta tensión se resuelva, es a su vez responsable de los comportamientos que reprime.
A veces ocurre que la policía ayuda a una víctima, que un juez decide a favor de una persona necesitada: garantizar la seguridad física de la población no amenaza los modelos de explotación vinculados al trabajo asalariado y a la propiedad privada de los medios de producción.
Es obvio que, incluso en una sociedad más igualitaria, seguirían existiendo conflictos de intereses, desviaciones y disputas entre individuos u organizaciones. Pero los anarquistas creen que el número de conflictos será infinitamente menor cuando desaparezcan con él las tensiones, frustraciones e injusticias directamente relacionadas con la explotación de los humanos por los humanos.
Entonces quedarán muchas razones para discutir... ¿cómo podemos plantear la gestión de los conflictos sin volver a caer en un sistema represivo inaceptable? En primer lugar, las normas comunes, indispensables en toda sociedad, deberán ser elaboradas colectivamente y rediscutidas tanto como sea necesario, con el fin de que se adapten lo mejor posible a las necesidades y a la ética. Estas normas formarán parte del contrato social que cada individuo puede rechazar... privándose también de todos los servicios colectivos que lo acompañan. Por ejemplo, la necesidad de contribuir a las tareas colectivas (trabajo) sólo puede rechazarse renunciando al acceso a los bienes, servicios y recursos colectivos que proporcionan.
Al igual que ocurre con la policía o el ejército, es peligroso (e incompatible con la rotación de tareas) establecer una casta judicial para dirimir los conflictos. Los mediadores de conflictos podrían ser elegidos por un periodo fijo de tiempo por sector geográfico o profesional, con cláusulas de control y revocabilidad, asegurando que son responsables de sus decisiones y las justifican. El procedimiento judicial, una vez establecidos los hechos de la forma más objetiva posible (teniendo en cuenta los puntos de vista contradictorios), en lugar de buscar primero el castigo, debería esforzarse, durante las reuniones de conciliación, en encontrar vías de reparación, que permitan tanto a la "víctima" ser indemnizada, obtener una reparación material o moral del daño causado, como al "culpable" salir de esa situación de marginación, de ruptura social, para volver a ocupar una posición digna, para reconstruir un espacio social. En este sentido, la prisión, aunque sólo consistiera en la privación de libertad (lo que dista mucho de ser el caso), no puede ser una respuesta constructiva, ya que sólo es un castigo (y la víctima, salvo que sea sádica, no puede estar satisfecha con él) y, salvo raras excepciones, tiende a agravar la ruptura con la sociedad del detenido, su familia y sus allegados, y aumenta sus dificultades económicas y relacionales. Tal y como se administra la justicia hoy en día, lo más parecido a una posible decisión judicial en una sociedad anarquista es el "servicio a la comunidad". Los daños materiales pueden ser compensados en muchas ocasiones, la dificultad viene con los daños morales, que no pueden ser compensados con una suma de dinero (¡que esperamos que sea abolida!) o con cualquier forma de tortura al condenado. La principal tarea de la justicia será cuestionar a los protagonistas y a su entorno para abrir el camino, a través del diálogo (incluso acalorado, vengativo o emocional), si no a la reconciliación, al menos a la posibilidad de volver a convivir libremente y sin sobresaltos. Incluso en el caso de los trastornos mentales, el confinamiento no es una terapia y debe seguir siendo una etapa de corta duración.
Cuestionar la validez del encarcelamiento es realmente subversivo: un paso más y la prisión en nuestras cabezas salta. Y ningún gobierno quiere que lo hagamos.
Los extractos de este texto están tomados de "De la justicia en sociedad anarquista" publicado en Le Monde Libertaire N° 1339 (dic. 2003).
FUENTE: Biblioteca Anarquista
Traducido por Jorge Joya
Original: www.socialisme-libertaire.fr/2019/12/l-anarchie-de-a-a-z-j-comme-justi