La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, procesada por "dejadez de funciones" en relación con los delitos fiscales cometidos por el rey Juan Carlos I
De la abdicación al descrédito
El ex rey de España ha decidido abandonar su país a los 82 años y trasladarse a Arabia Saudí, el monarca es sospechoso de corrupción y está siendo investigado por el Tribunal Supremo español.
Se abrió una investigación para determinar si Juan Carlos tenía responsabilidad penal en un supuesto caso de corrupción. El caso se refiere a la construcción del tren de alta velocidad de La Meca por un consorcio español para Arabia Saudí.
Según una antigua amante del Rey de España, ésta recibió una comisión por este contrato confirmada por la Tribune de Genève, Juan Carlos habría recibido, en 2008, 100 millones de dólares del Rey Abdullah de Arabia Saudí, al que está muy unido.
Juan Carlos abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe, mientras que el final de su reinado se vio empañado por varios escándalos, en particular las sospechas sobre su fortuna opaca, así como las causas judiciales que también implicaron a su familia, especialmente a su hija y a su yerno.
Proceso penal contra Dolores Delgado, Fiscal General del Estado
La Asamblea Republicana de Vigo ha anunciado que presentará una querella contra la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y contra Carlos Gascón, Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La querella se apoyará en un supuesto caso de prevaricación y "negligencia en su función" por parte de Dolores Delgado y el director de la AEAT a favor del Rey Juan Carlos I.
En los últimos meses, nadie, ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía, ha notificado al Rey que en su situación actual podría iniciarse una investigación contra él. Es decir, le dieron el privilegio de regularizar las cantidades defraudadas para evitar cualquier sanción penal o administrativa, lo que desde luego es impensable para cualquier otro ciudadano.
Se trata de un acto de omisión del deber legal por parte de Dolores Delgado. El Rey presentó una declaración "sin requerimiento previo" por la cantidad de 4.395.901,96 euros para saldar la deuda tributaria que tenía con Hacienda. Esta cantidad corresponde a las sumas de las que se beneficiaba el rey a través de la fundación Zagadka para pagar sus vuelos privados. Esta fundación, gestionada desde Ginebra, pagó los vuelos secretos de Juan Carlos. La investigación sobre el dinero del ex rey español revela los millones pagados por aviones privados de dos bancos suizos.
Se han abierto tres investigaciones sobre el rey Juan Carlos I. Las peticiones de transparencia de varios grupos parlamentarios sobre la familia real han sido rechazadas por el Gobierno y el Consejo de Transparencia durante varios meses, con el pretexto de que se trata de información no sujeta a la ley por ser propiedad "privada o particular". Datos protegidos a los que no tenemos acceso. ¿Por qué no?
Los vínculos entre la Corona y el PSOE de Dolores Delgado
Estos vínculos existen desde que se estableció el "pacto de silencio" en 1977. Este acuerdo tácito fue sellado por todos los partidos políticos españoles en los años posteriores a la muerte de Franco para no cuestionar el pasado.
En 1975, justo antes de su muerte, Franco había designado al rey Juan Carlos como su sucesor. Pero después de cuarenta años de dictadura, gran parte de la clase política había comprendido que la liberalización organizada del régimen era la mejor opción para los intereses de la burguesía española, que además se planteaba entrar en la Comunidad Europea.
Las fuerzas políticas surgidas del franquismo, partidarias de avanzar hacia un régimen parlamentario, negociaron con los partidos de izquierda. Se decía que era necesario "olvidar" para asegurar el futuro. Borrar el pasado y sus atrocidades cometidas por el estado franquista. La mayoría de los grupos parlamentarios -incluidos el PSOE y el PCE- votaron a favor de una ley de amnistía que, según ellos, era un instrumento de "reconciliación nacional". En realidad, su objetivo era garantizar la paz social de la burguesía en un momento en que los movimientos sociales incendiaban la península ibérica.
La ley pretendía establecer la impunidad de los actos de violencia institucional llevados a cabo durante la dictadura. Prohibió el juicio de los crímenes de Franco. Fue, pues, una especie de "punto final" sobre este pasado que aceptaron los dirigentes de la izquierda, encabezados por el PSOE, ya dispuestos a jurar fidelidad a la monarquía entronizada por Franco.
Esta transición permitió pasar sin problemas de una dictadura a un régimen parlamentario presentable, sin que los dirigentes de las principales instituciones civiles y militares heredadas de la dictadura y los torturadores fueran destituidos o juzgados. La izquierda, en el gobierno o no, ha seguido apoyando esta política. En 2001, Felipe González, ex presidente socialista del Gobierno español, lo justificó en estos términos: "Hemos decidido no hablar del pasado. Si tuviera que volver a hacerlo, (...) lo volvería a hacer.
Daniel Pinós
Traducido por Jorge Joya
Original: www.memoire-libertaire.org/Les-scandales-du-roi-Juan-Carlos-I