Una de las grandes cuestiones planteadas al proyecto anarquista de sociedad ha sido siempre la de la desviación: ¿cómo gestionarla, controlarla, limitarla en una sociedad sin Estado y sin las fuerzas de coerción intrínsecamente ligadas a esta superestructura institucional? Esta cuestión, necesariamente compleja, tiene a menudo el mérito de poner la teoría anarquista a prueba de la realidad, de lo cotidiano, de lo concreto. Para responderla, algunos libertarios - ayer como hoy - eligen la solución fácil, la de un pensamiento idealista, desconectado de la realidad, en el límite - a menudo traspasado - del misticismo, de la religión. Este tipo de pensamiento es el de la consigna, que se niega a concebir la sociedad revolucionaria como una sociedad humana, en favor de un mundo utópico -en el verdadero sentido de la palabra- donde ya no habría desviaciones ni conflictos, donde los hombres vivirían en una fraternidad tal que anularía todos los estados de ánimo y las patologías mentales, las mismas que pueden estar en el origen de las transgresiones sociales. El problema de este tipo de respuesta, aparte de que no es creíble porque no está razonada, es que alimenta algunos de los juicios negativos que hace mucha gente sobre el anarquismo: utopismo, idealismo, dulces sueños, etc.
El problema de la seguridad ha sido siempre una de las preocupaciones sociales más importantes; y un problema que, por el momento, sólo ha tenido respuestas de seguridad basadas en la falsa idea de que seguridad y libertad no van juntas, y que un avance en una implica necesariamente un retroceso en la otra (más libertad = menos seguridad; más seguridad = menos libertad). Como si la seguridad sólo pudiera garantizarse mediante la coacción y la fuerza (violencia, confinamiento, vigilancia, etc.).
Y es precisamente aquí donde el anarquismo debe intervenir, planteando otras respuestas, otras propuestas, mostrando que es posible, si nos damos los medios, construir una sociedad en la que la libertad no sea el enemigo de la seguridad sino su principal garante.
La inevitabilidad de la desviación y el conflicto
Creer que una sociedad revolucionaria estará desprovista de antagonismos, oposiciones, rivalidades y desviaciones es un pensamiento ciego que, al negarse a enfrentarse a las delicadas realidades -porque es probable que pongan en tela de juicio algunos de sus fundamentos teóricos- roza la pereza o la deshonestidad. No nos engañemos: la desviación es humana y es poco probable que el hombre pueda pensar en un sistema social viable en el que se elimine. La sociedad anarquista no sólo no escapará a ella, sino que tendrá que saber resolverla, pues de lo contrario durará poco tiempo.
Si, en una sociedad libertaria, la desviación siempre existirá, cabe suponer, no obstante, que será más limitada que en la actualidad. La sociedad capitalista, al ser una sociedad de clases, genera inevitablemente desviaciones económicas ligadas a las desigualdades sociales: el robo para alimentarse o motivado por el deseo de obtener las comodidades negadas a la propia clase, la delincuencia directamente derivada de la miseria social, la violencia nacida de las relaciones conflictivas entre las clases populares y las autoridades, etc. Al ser la sociedad anarquista la garante de la igualdad social, mediante la desaparición de las clases a través de la colectivización de los medios y herramientas de producción, no puede generar a priori este tipo de comportamientos, inevitables y legítimos en una sociedad capitalista.
Sin embargo, si la desviación de clase desaparece de facto, la desviación patológica -vinculada a los trastornos psicológicos- siempre existirá. Y lo mismo ocurrirá, probablemente, con los crímenes o agresiones pasionales que, por definición, siguen siendo imprevisibles, y por lo tanto imprevisibles, tanto en las sociedades anarquistas como en las policiales.
Además, al margen de estas desviaciones patológicas y pasionales, la sociedad anarquista tampoco será inmune a los conflictos, ni entre individuos ni entre estructuras (entre, por ejemplo, el municipio y los sindicatos o incluso entre municipios). No sólo no será inmune a los conflictos, sino que es probable que genere más conflictos. Una sociedad que permite a cualquiera de sus miembros ser un actor de pleno derecho y que se define, entre otras cosas, por el libre desarrollo y florecimiento de los individuos, tendrá efectivamente más probabilidades de producir caracteres y temperamentos "bien templados", al menos podemos suponerlo (sin caer en el determinismo social absoluto).
Una vez establecido que una sociedad anarquista también será escenario de desviaciones y conflictos, ¿qué respuesta(s) puede dar para evitar que pongan en peligro un orden social desprovisto de estructuras coercitivas (estatales o de otro tipo)?
Gestión de conflictos y justicia
A diferencia de las sociedades actuales, la justicia en una sociedad anarquista no estará profesionalizada. Arbitrar los conflictos, resolverlos o decidir quién es la víctima y quién el culpable no será tarea de un grupo de individuos a los que les corresponda, sino de la comunidad en su conjunto. Porque cuando se comete un daño, sea cual sea su naturaleza, y se lleva a juicio, es porque afecta a la comunidad; por lo tanto, es natural que ésta se haga cargo de él y tome las decisiones que las situaciones requieran. Profesionalizar dicha tarea sería crear exégetas del funcionamiento social de la comunidad y, de hecho, eliminar el principio mismo de la gestión social (autogestión), principio que implica que todos tengan voz y puedan ser escuchados en la construcción, definición y desarrollo de la comunidad, incluso en términos "legales".
Si el tamaño de una comunidad lo permite, podría preverse una operación de tipo asambleario en el ejercicio de la justicia. Se trataría simplemente de reunir a toda la comunidad para juzgar las situaciones puestas en su conocimiento y tomar las decisiones oportunas, según los procedimientos de funcionamiento de la democracia directa, en caso de ser necesario. En el caso más probable de una comunidad demasiado grande para permitir el ejercicio del asamblearismo -como en el caso de situaciones que se inscriben en una escala organizativa superior a la de la comunidad sola (una escala federal, por ejemplo)- el principio de un mandato imperativo o semiimperativo -pero en cualquier caso controlable y revocable- sería adecuado. La idea sería, por tanto, que las comunidades y federaciones nombraran periódicamente representantes encargados de celebrar y ejercer "comisiones de conflicto" destinadas a resolver los antagonismos surgidos en la sociedad. En cualquier caso, también es posible considerar la creación de "comisiones de investigación" para investigar ciertos casos cuando sea necesario para aclarar el razonamiento de los miembros de las comisiones de conflicto.
En esta fase del debate, surge inevitablemente la cuestión de las modalidades de arbitraje de conflictos y de toma de decisiones "legales". Por falta de espacio, no voy a entrar en detalles, por lo que me limitaré a dar algunas pistas a explorar. De acuerdo con los propios fundamentos del anarquismo, la justicia no sería sinónimo de represalia pasional, venganza social o castigo colectivo. El origen y la finalidad de la justicia anarquista sería simplemente reparar el daño causado o evitar que se produzca (o vuelva a producirse). Por lo tanto, el arbitraje del conflicto supondría la búsqueda, en primer lugar, de una solución conciliadora entre las partes implicadas: en este caso, la comisión no intervendría como "juez", sino como actor neutral que permitiría desescalar el conflicto para que surjan soluciones consensuadas. Si no hay solución, y el caso implica decisiones, le correspondería a la comisión de conflictos decidir y decidir sobre posibles daños y perjuicios para la víctima.
Sin embargo, cabe preguntarse en qué se basarán los representantes de la comisión de conflictos para decidir o tomar medidas para compensar los daños sufridos. En otras palabras, ¿qué determina una decisión, un juicio? ¿En qué se basan los representantes para deliberar? El pacto asociativo -en el origen, como dicta el propio principio de libre asociación, de la constitución de una comunidad o de una federación- sería sin duda la principal herramienta de la comisión de conflictos: es a partir de este pacto que podría saber de qué manera un individuo se pone al margen de los principios fundadores de la asociación (comunidad o federación). Además de este pacto, una cierta "tradición" también podría servir para el ejercicio de la comisión de conflictos. Cuando hablo de "tradición", me refiero a aquellas costumbres y prácticas que, sin estar escritas, rigen la vida de una asociación. Sin prevalecer sobre el pacto asociativo - el verdadero cemento de la cohesión social - pueden sin embargo permitir responder a ciertos problemas sobre los que el pacto guarda silencio (tanto más cuanto que los usos y costumbres surgen generalmente para colmar las lagunas del pacto asociativo de base).
Aplicación de la justicia y mantenimiento del orden
Tomar decisiones, adjudicar en los conflictos, en resumen, "impartir justicia", no es básicamente tan problemático en una sociedad anarquista. Incluso sin Estado, incluso sin poder judicial, un grupo social, por pequeño que sea, puede establecer un sistema de justicia viable, capaz de resolver conflictos y evitar otros. Lo que es más problemático - y sin embargo esencial - es la aplicación y el cumplimiento de las decisiones legales. En efecto, ¿cómo puede una sociedad anarquista, desprovista de todo órgano represivo, hacer cumplir las decisiones adoptadas por su justicia? Una comisión de conflictos puede perfectamente decidir que un individuo se comprometa a reparar el coche de otro por haberlo dañado, pero ¿qué obliga al "condenado" a respetar esta decisión? Del mismo modo, ¿qué garantizará la seguridad de todos en una sociedad sin policía? ¿Qué impide que una persona sea agredida por un borracho después de una fiesta? ¿Qué impedirá que dos vecinos se den una paliza un domingo por la mañana? En definitiva, ¿qué permitirá limitar los excesos de los que es capaz el ser humano según su carácter o condición?
Podemos concebir, en primer lugar, que cualquier individuo, dentro de los límites de sus capacidades físicas, por supuesto, es capaz de oponerse a una pelea o arbitrar las disputas de sus vecinos. También es posible imaginar que dos personas resuelvan un conflicto entre ellas después de un incidente, sin recurrir a una comisión de conflictos. Del mismo modo, cabe suponer que la existencia de una cierta "presión social" obligaría a determinados individuos a respetar las decisiones adoptadas por la comunidad, a riesgo de ser rechazados o excluidos. El hecho de que, en una sociedad anarquista, los individuos sean actores de la comunidad, que tengan realmente el control de su gestión, puede hacernos suponer que transgredir las normas y las decisiones de la comunidad sería menos habitual y menos agradable que hoy en día, ya que las personas se saben responsables del buen funcionamiento de lo que han ayudado a construir (y al que están más apegados). En resumen, las soluciones pueden venir directamente de las "bases", y probablemente sea una práctica que se deba fomentar.
Sin embargo, sería peligroso confiar en la buena voluntad de los individuos para mantener el orden. No sólo no sería una garantía suficiente de seguridad, sino que podría caer en la trampa de una sociedad basada en el "haz tu propia justicia". Si esta concepción es liberal, ciertamente no es libertaria, porque significaría entregar la sociedad a la ley del más fuerte -la ley de la selva- y establecería el autoritarismo más arbitrario y desenfrenado posible.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Aunque está claro que no se puede mantener una policía como la que tenemos actualmente en toda la Tierra (una policía profesionalizada, incontrolable, violenta y arrogante que mantiene e impone la injusticia social), probablemente será necesario crear grupos encargados de "mantener el orden". Esta idea es difícil de concebir para un anarquista -la fuerza policial actual es sinónimo de represión, brutalidad y violación sistemática de las libertades- pero me parece, por el momento, la única que puede representar una garantía real de seguridad. Sin embargo, hay que tener cuidado de no caer en un irenismo ridículo y no reproducir, bajo la etiqueta de "libertario", a los matones uniformados de la república burguesa. Y, para ello, se pueden presentar algunas pistas interesantes:
- Los miembros de estos grupos deben ser elegidos por la asamblea comunitaria.
- Sólo mantendrán su posición durante un periodo de tiempo limitado.
- Sus prerrogativas serán definidas por la asamblea y no podrán sobrepasarlas.
- Pueden ser despedidos en cualquier momento a petición de la asamblea.
- No deberán llevar ningún arma letal.
- Serán responsables de su actividad en cada asamblea.
No profesionalizados, controlados por las bases y revocables, estos grupos de "orden público" están dotados de un poder limitado, del que no podrían abusar a priori. Elegidos por la asamblea, no se imponen a los ciudadanos, que, además, tienen la posibilidad de controlarlos. Por otra parte, si la sociedad anarquista no elimina la existencia del dinero, se plantea inevitablemente la cuestión de la remuneración de los individuos encargados de mantener el orden. A primera vista, se podría pensar que la ausencia de ingresos relativizaría el poder de los encargados de tal actividad. Pero, pensándolo bien, también es posible que la falta de remuneración fomente la corrupción y acabe por socavar el propio principio de justicia. En cualquier caso, un "sistema" de este tipo estaría muy lejos de la policía estatal, que sólo rinde cuentas a los dirigentes y goza habitualmente de indulgencia, cuando no de impunidad, por parte del poder judicial.
Ya se han intentado ideas más o menos similares, como ahora. En Barcelona, el 10 de agosto de 1936, en plena revolución social, el Comité de Milicias Antifascistas estableció "patrullas de control". Bajo la autoridad de los anarquistas Aurelio Fernández y Dionisio Eroles, su composición se basaba en el principio de "compromiso": cada sindicato u organización política antifascista estaba representada en ellos (a pesar de todo, era la CNT la que realmente los controlaba). Organizados en doce secciones, en octubre de 1936 contaban con más de 900 hombres. Sometidos a procedimientos y protocolos muy precisos para limitar los riesgos de abuso de poder, se encargan principalmente de mantener el orden conteniendo los excesos perjudiciales para la vida social. Organismos autónomos fuera del control del Estado reconstituido, fueron abolidos por decreto el 12 de mayo de 1937 por la Generalitat, entonces en manos de los contrarrevolucionarios estalinistas. La fascinante historia de estas "patrullas de control" no está, sin duda, exenta de excesos, pero no hay espacio suficiente aquí para ir más allá. Asimismo, la existencia de comités de trabajadores y soldados, formados, entre otras cosas, para vigilar y controlar la actividad de las antiguas instituciones policiales de la república (la guardia de asalto y la policía), merecería alguna elaboración.
Más recientemente, en México, en el estado de Guerrero, las comunidades indígenas de nahuas, mixtecos y tlapanecos han creado, de acuerdo con el proyecto de autonomía, una "policía comunitaria". Creada en 1995 como respuesta a los ataques de las autoridades, los paramilitares y los grupos de bandoleros que proliferaban en la región, esta "policía autónoma" cuenta ahora con más de 600 miembros y en ella participan 65 comunidades (100.000 personas). Elegidos en reuniones públicas, no reciben ninguna remuneración, salvo, de vez en cuando, los frutos del apoyo de los habitantes de las comunidades. En pocos años, han contribuido a reducir considerablemente el número de violaciones y robos en las carreteras de Guerrero que controlan. Son muy diferentes de la policía estatal y federal, pero son muy apreciados por la población. A este respecto, el comandante Florentino Gercia, de la policía comunitaria, declaró a un periodista: "Venimos del pueblo. Estamos con el pueblo. Trabajamos para el pueblo. Poco después de su visita a Santa Cruz El Rincón (Guerrero), el 18 de abril de 2006, el Subcomandante Marcos dijo: "¡Esta fue la primera vez que los zapatistas saludamos a los policías!
No sé si estas ideas -iluminadas por algunas experiencias históricas y actuales- encarnan la solución al problema de la gestión de la desviación y de los conflictos en la sociedad anarquista, pero al menos nos dan algunos caminos para iniciar hoy una nueva reflexión sobre este tema, que aportará propuestas concretas para el mañana."
FUENTE: Le Monde Libertaire
Traducido por Jorge Joya
Original:www.socialisme-libertaire.fr/2016/12/l-ordre-sans-l-etat-deviance-conf