¿Monarquía o república? La sociedad española está profundamente polarizada en lo que respecta a este debate y eso es un problema. Un país es fuerte en la medida en la que está unido, por lo que necesitamos acercarnos a la más alta de nuestras instituciones desde el consenso. Es lo menos que se merece una familia que nos ha donado desinteresadamente sus rostros para ponerlos en sellos y monedas.
Podemos empezar hablando de la profunda división que hay entre los que defienden que el apoyo popular a la monarquía es mayor de lo que parece frente a los que aseguran que esta valoración está por los suelos. En lo que ambas posturas tienen que estar de acuerdo es en que el CIS lleva casi cinco años evitando consultar sobre este tema por lo que, en el fondo, poco podemos saber.
Puede que nos divida el debate sobre si la monarquía se ajusta a los valores del siglo XXI. Unos la tachan de institución medieval por su naturaleza vitalicia y hereditaria, mientras que otros aseguran que ha experimentado un conjunto de mejoras suficientes que la han modernizado hasta volverla apropiada para los tiempos actuales. En lo que coincidiremos es en que en la actualidad aproximadamente el 23 % de los países del mundo tienen monarquías frente a un 73 % de países cuyo sistema de gobierno es una república. Es más, mirándolo de una manera global, aproximadamente solo un 8 % de personas viven en países en los que hay una monarquía.
Es posible que nos divida el momento en el que empezamos a enterarnos de las anomalías económicas de la monarquía española. Una parte de España ya tenía conocimiento de ellas desde hace décadas, mientras que otra parte, que había preferido vivir al margen de la realidad, empezó a darse cuenta a partir de aquella lujosa cacería de elefantes en Botsuana, organizada durante la crisis económica que sufríamos el resto de españoles. O quizás cuando el yerno del emérito, el ex Duque de Palma, fue condenado a 6 años de cárcel por corrupción. O tal vez cuando la hermana de Juan Carlos I apareció en los Papeles de Panamá. Lo que nos une es que gracias a la prensa extranjera y el sistema judicial suizo sabemos que Juan Carlos I ha recibido comisiones por la construcción del AVE a la Meca (¿a cambio de qué, por cierto?) y que, cuando las leyes suizas se endurecieron, su majestad transfirió 65 millones de euros a su amante, Corinna Larsen.
Nos separa el periodismo con el que nos informamos sobre estas noticias. Hay quienes prefieren medios que hablen con la mayor frialdad y objetividad posibles, frente a los que prefieren leer textos apasionados y arrebatadores. Lo que nos une es la incredulidad que nos provoca que tantos periodistas y medios a los que les atribuimos prestigio no hayan investigado estos problemas de interés nacional en todos estos años.
Nos costará ponernos de acuerdo sobre si fue justo restaurar la monarquía después de que España hubiese adoptado un sistema de gobierno republicano en 1931. La discusión sobre si el pueblo español tuvo la oportunidad de elegir entre varias opciones está ahí. Es posible que saquemos más en claro viendo todo aquello en lo que nos es imposible disentir: que Franco estableció en 1947 que él mismo elegiría a su sucesor, que trajo a un joven Juan Carlos de 10 años a España en 1948, que lo designó como su sucesor en 1969 y que Juan Carlos fue Jefe de Estado en Funciones durante unos meses de 1974 y 1975, antes de la muerte del dictador.
Por eso mismo tampoco nos ponemos de acuerdo en si tendría que haberse organizado un referéndum que tratase exclusivamente sobre la jefatura del Estado. Hay quienes consideran que con el de la Constitución de 1978 ya bastó para dar voz a los sin voz y que no había necesidad de entrar al detalle, mientras que enfrente se opina que un tema de tanto calado tendría que haberse refrendado en una papeleta separada. En lo que estamos todos de acuerdo es en que Adolfo Suárez padre nos confirmó que este referéndum se evitó porque no habría salido el resultado que Adolfo Suárez quería. “Hacíamos encuestas y perdíamos”, dijo, haciendo un uso interesante de la primera persona.
Existen sospechas y dudas sobre el papel de su majestad durante el fallido golpe de Estado del 23F. Una versión eleva a la monarquía como salvador de la democracia mientras que las teorías de la conspiración ponen en duda las verdaderas intenciones del capitán general de las Fuerzas Armadas. Tanto unos como otros comparten esto: la ley de secretos oficiales promulgada durante el franquismo ha impedido que España pueda tener toda la información posible de lo que ocurrió aquel día.
Por supuesto, la continuidad de la corona nos divide. Frente a los que quieren ver algún día a Leonor como reina están otros que esperan que antes exista una mayoría parlamentaria que consulte a los españoles nuestra opinión. En lo que estaremos todos de acuerdo es en que, tanto en un caso como en el otro, la monarquía es una institución que ahora mismo necesita un profundo lavado de cara. Este lavado podría consistir en una mayor supervisión y transparencia que impida a algún súbdito albergar la sospecha de que haya habido otras anomalías económicas todavía desconocidas comparables a las de Juan Carlos I, Pilar o Iñaki, o incluso de que tal vez pueda haberlas en el futuro. Una transparencia que nos hubiese permitido saber mucho antes que en realidad Felipe VI y Letizia tuvieron en 2004 una luna de miel secreta de tres semanas que costó 450.000 € y que la mitad de esta cantidad fue aportada por un empresario amigo de Juan Carlos I.
Tenemos que poner en valor todo aquello en los que la monarquía nos une como nación. Lo que no podemos hacer es seguir el ejemplo de las continuas división y discordia que muestran los republicanos. Mientras que unos creen que este es un tema fundamental para la salud de una democracia, otros aseguran que no ha habido en 45 años motivos para poner sobre la mesa este debate. Si no se han aclarado entre ellos, si no han sido capaces de proponer un final a este periodo pre-republicano, los españoles no tendremos más remedio que seguir unidos bajo esta imperfecta monarquía.