No entendemos nada. Los abajo firmantes hemos sido miembros, durante el pasado mes de julio, de un tribunal de oposiciones en Andalucía y no entendemos nada. No entendemos ni a los Sindicatos ni a la Administración. No entendemos sus pactos y sus acuerdos. No entendemos qué pretenden conseguir y qué justicia y equidad defienden. Vamos a tratar de explicarnos.
¿Es justo que los funcionarios de educación en Andalucía nos hayamos enterado una semana antes de que empiecen las oposiciones que somos miembros de un tribunal? En el resto de España lo sabían desde marzo. ¿Por qué permiten los Sindicatos algo así?
¿Es justo que nuestro horario de trabajo en la oposición se haya fundamentado en la idea de que un miembro de un tribunal de oposiciones debe trabajar a destajo desde las 7 u 8 de la mañana hasta las 11 de la noche o más? ¿Dónde han estado los Sindicatos para denunciar esta situación en la que la conciliación familiar, por ejemplo, no es posible?
¿Es justo que durante los exámenes los representantes de los Sindicatos sólo se hayan preocupado por saber si los aspirantes están bien o si han tenido algún problema? Ha habido tribunales que han padecido situaciones tensas con presencia policial incluida y ningún representante sindical los ha apoyado en nada.
¿Es justo que a los aspirantes más jóvenes que no han trabajado nunca y que han aprobado la fase oposición se les diga que “han aprobado sin plaza”? No entendemos nada. Si un aspirante aprueba la fase oposición y no obtiene una plaza –como en justicia debería ser-, ¿por qué tiene que volver a presentarse a una oposición que ya ha aprobado? Si a un tribunal de oposiciones la Administración y los Sindicatos le permiten aprobar a un número mayor de aspirantes que plazas tiene adjudicadas, ¿qué hace en realidad dicho tribunal cuya misión se relaciona estrictamente con la fase oposición?, ¿mercadear?, ¿apoyar a los interinos frente a los jóvenes que no han podido trabajar aun? ¿Cómo puede la Administración en una democracia permitir esto? ¿Cómo pueden los Sindicatos consentirlo? ¿Es que nadie se plantea cómo se siente un joven que ha aprobado su oposición y que, de pronto, se encuentra con que por ser joven y no haber tenido aún una oportunidad de acceso al trabajo, no obtiene plaza como funcionario y puede no trabajar (¡¡¡¡aunque tenga un 10!!!) porque para tener acceso al trabajo has tenido que haber trabajado?
¿Es justo que un aspirante con un brillante curriculum académico (tesis doctoral, publicaciones científicas, docencia en la Universidad, etc...) vea que en la fase del concurso este es apenas valorado? ¿Es justo que se valore más un curso de formación según la institución que lo ha impartido y no exclusivamente por su contenido y su duración? ¿Es justo que el nivel máximo de formación en idiomas sea valorado igual que si tienes sólo el nivel medio o el inicial? Pero, ¿por qué si un aspirante presenta el B1, el B2 y el C1 le califican en la fase concurso con 1’5 puntos y si presenta el C1 sólo con 0’5 puntos? No entendemos nada, ¡¡si para alcanzar el nivel superior ha tenido que pasar por el inicial y el medio!!
¿Es justo que las plazas adscritas a los tribunales no sean reales? Es decir nadie sabe en qué centros están dichas plazas ni en qué provincias. Se convocan las plazas pero sólo cuantificadas en un número, así que un aspirante que aprueba la fase oposición-concurso puede encontrarse –como de hecho ha pasado en nuestro tribunal- con que le dan plaza en un centro donde no va a impartir la materia por la que va a ser valorado su trabajo como funcionario en prácticas. Pero, ¿esto se puede admitir? ¿Acaso es justo que un interino imparta la materia de su especialidad frente a un funcionario en prácticas al que le obligan a no hacerlo?
Y ¿qué equidad defienden unos Sindicatos que pactan, según las comunidades autónomas, el % real de las distintas fases de la oposición y del concurso? Por ejemplo, si me examino en Andalucía, la relación es 60% oposición 40% concurso, pero si me examino en Murcia ¡¡¡la relación se transforma en 30% - 70% respectivamente!!! ¿Qué justificación hay para esto? ¿Es que hay una diferencia tan radical en las pruebas para que haya semejante diferencia en la cuantificación?
¿Qué equidad defienden quienes permiten que, según la autonomía, un interino tenga o no la obligación de presentarse a la fase oposición para poder trabajar?
¿Qué equidad defienden quienes permiten que quienes han sido convocados en dos oposiciones diferentes accedan a su plaza por una misma materia, la optativa Cultura Clásica, y no por la especialidad que han aprobado? Es como si a los aspirantes de Física y Química y de Biología les dieran plaza por la optativa Cultura Científica. ¿Alguien puede imaginar algo así?
Nosotros no entendemos nada. Lo que sí entendemos es que toda esta situación ni es justa ni genera igualdad de oportunidades ni es admisible en una democracia. Más bien propicia un auténtico mercadeo, un juego de intereses creados entre la Administración y los Sindicatos, juego en el que la falta de transparencia acrecienta los espacios de un poder omnímodo al que la Educación, así con mayúscula, le importa bastante poco y que está asfixiando nuestra profesión.
Tribunal no 1 de Griego. Granada
Jesús Torres Ruíz
Inmaculada Pérez Gallego
Ana María Martín Algarra
Mario Jesús Cantero Orpez
Julián López Muñoz