La mitad del personal del Servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento de Calvià, 10 plazas entre trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras sociales y una técnica de prevención de adicciones, denuncian que el consistorio sigue incumpliendo las directrices europeas tras haber sido condenado por los tribunales por cometer ilegalidades, además de poner en riesgo de despido a estas profesionales.
En el Ayuntamiento de Calvià, las personas que ocupan estas plazas de Bienestar Social desde el primer día que fueron creadas, entre 2005 y 2009, están en riesgo de ser despedidas y no conservar su plaza, a pesar de que el sentido del proceso de estabilización pretende evitar justamente eso y persigue que todas estas personas puedan continuar en sus plazas (puesto que las ocupan desde el primer día en que se crearon) pero ya de manera definitiva.
El motivo del riesgo de despido es que hasta el año 2019 estas 10 personas estaban contratadas en fraude de ley, es decir, se estaba produciendo una cesión ilegal de trabajadores al haber sido subcontratadas a través de empresas privadas para no tener que reconocerles los derechos que les correspondían como personal del Ayuntamiento.
Esta situación fue reconocida por los tribunales en sentencia nº 209/2019 de 15 de mayo de 2019 por el Juzgado social n°1 de Palma. Tras esto, el Ayuntamiento de Calvià se vio obligado a incluirlas en su plantilla como personal laboral indefinido no fijo. Lo hizo a regañadientes después de 6 meses de que la sentencia en firme así lo obligara.
Desde noviembre de 2019 hasta abril de 2024, esas empleadas han ido recibiendo, a cuentagotas, una mínima parte del dinero que se les adeuda por la parte correspondiente a los sueldos impagados durante los años en que se produjo la cesión ilegal.
La situación actual es que, a pesar de que estas personas deberían estabilizarse en sus puestos actuales porque ninguna otra persona los ha ocupado desde su creación, probablemente serán despedidas. El motivo es que el Ayuntamiento de Calvià se niega a reconocerles a todas y cada una de ellas su antigüedad real, a pesar de que el fraude de ley fuera cometido por el propio Ayuntamiento. El consistorio se niega a reconocer que cometió una ilegalidad, y por eso ha recurrido todas las sentencias dictadas hasta el día de hoy, y ha ido fijando de manera arbitraria fechas falsas de antigüedad de estas empleadas: primero 2019, luego 2016, y por último 2014. Y de ahí no pasa (recordemos que la primera de estas plazas se creó en 2005). Actualmente este Ayuntamiento ha recurrido 3 sentencias dictadas por dos juezas distintas (Sentencia no 373/2023 de 20 de diciembre de 2023 por el Juzgado Social n°1 de Palma; Sentencia 17/2024 de 23 de enero de 2024 por el Juzgado Social n°1 de Palma; Sentencia no 69/2024 de 27 de febrero de 2024 por el Juzgado social n° 2 de Palma) en las que se se fija, de manera clara y contundente, la fecha de antigüedad real de estas empleadas en las plazas que hoy todavía ocupan, y que el Ayuntamiento de Calvià no quiere reconocer.
El maltrato institucional dura ya 10 años. La repercusión en la calidad del servicio ofrecido a las ciudadanía del municipio es inevitable así como el impacto en las arcas municipales. Por no reconocer un error de base y no querer aceptar el reconocimiento de la antigüedad de cada una de las trabajadoras, el consistorio despedirá y tendrá que indemnizar a estas trabajadoras con los impuestos de toda las ciudadanía de Calvià.
Sin embargo, los trabajadores no pierden la esperanza de que el nuevo equipo de gobierno reflexiones sobre esta situación y las repercusiones que puede tener seguir con el proceso de estabilización sin reconocer la antigüedad real, decisión, que tan negativamente está afectando a sus trabajadores, a la ciudadanía y a las arcas del propio Ayuntamiento y solucione esta problemática.
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