Tan sólo se congratulaban de que, llegado el día en que el electorado abriera los ojos y los pusiera de patitas en la calle, no les iba a faltar el trabajo a tenor de la cantidad de favores que están haciendo a sus amigotes.
Observo ciertos amagos de valorar positivamente la dimisión, para lo que se argumenta que no es normal en España que se deje un cargo después haber metido la pata hasta el fondo. En este sentido, me gustaría decir un par de cosas:
1. Que no sea frecuente no quiere decir que no sea lo normal.
2. Llegados al punto en que no cabe otra cosa que no sea dimitir, no hay que aplaudir al que lo hace sino demandárselo al que se aferra a su cargo a toda costa.
El seguro que cubre las posibles indemnizaciones por responsabilidad civil que se deriven del proceso también lo habrán pagado de su bolsillo, ¿verdad?
Resulta extraño que no haya habido a lo largo de esta semana declaraciones al respecto de ningún miembro del PP. Lo digo porque hasta que se celebraron las elecciones en Andalucía era frecuente que cada citación de un miembro del PSOE o cada nueva línea de investigación fuera anunciada por un pepero a bombo y platillo con uno o dos días de antelación en la rueda de prensa convocada a tal efecto.
He meneado pero... sólo para que quede constancia de hasta dónde están llegando las propuestas en relación a la inversión en I+D+i: a la mendicidad.
La solución a la renuncia del gobierno a invertir en ciencia no puede pasar nunca por resignarnos a que se añada una casilla específica para tal fin en la declaración del IRPF (y crucemos los dedos por que, en el caso de que se incluya, al ministro de turno no se le ocurra la feliz idea de restringir toda inversión a lo recaudado por este medio). Es probable que la situación no varíe en lo que resta de legislatura pero, aún así, hay que continuar exigiendo por todos los medios que tengamos a nuestro alcance que se fije un porcentaje en los PEG, desde luego mucho mayor que el que se maneja en la actualidad (sería la mejor forma de demostrar que se está apostando por el tan cacareado cambio de modelo productivo).
En cualquier caso, cuando lleguen las próximas elecciones, que cada uno se entienda con su con-ciencia.
Hombre, el amigo Pastrana. Hace tiempo se dedicaba a criticar a los partidos políticos que rechazaron la propuesta de IULV-CA en relación a postergar la celebración de un pleno de la Junta de Andalucía para que los funcionarios de la cámara pudieran hacer huelga (sic).
La carta es de cara a la galería. Dentro de pocas semanas acudirá a donde le diga Arenas, y sin rechistar.
Si no fuera porque con tanto conflicto interno los dirigentes del PSOE van a gastar demasiada energía, poniéndoselo de esta manera aún más fácil al PP, sería incluso gracioso ver cómo pelean entre ellos por ocupar uno de los primeros puestos en las listas electorales. Entre ellos hay muchos que no han trabajado en su vida, pasando del instituto o de la universidad a ocupar un cargo orgánico en el partido o en una diputación o en la propia Junta de Andalucía, así que es normal que estén recurriendo ya a este tipo de cosas para poder aspirar al menos al acta de diputado autonómico y poder estar otros cuatro años sin doblarla.
En Sevilla no estamos mejor: el Consorcio de Turismo del Ayuntamiento ha propuesto al arzobispado que abra la catedral en horario nocturno para la proyección de un mapping en su interior. La bromita, que pagaría el Ayuntamiento, viene a salir por 1,3 millones de euros. Lo más gracioso es que "la principal partida del presupuesto se asigna a la renovación de la red eléctrica de la Catedral, ya que hace falta una instalación especial tanto para la proyección del mapping como para los juegos de luces que plantea el proyecto".
La verdad es que hace mucha más gracia cuando se sabe que la catedral podría mover este año unos diez millones de euros.
#5 Ya participamos en algunas, al menos en el momento de inyectarles capital público para que sus ejecutivos puedan seguir cobrando sus nada austeras nóminas.
Nunca voy a entender la contratación de empresas privadas para gestionar servicios públicos, al menos cuando éstos son de la importancia y la envergadura de la sanidad. La argumentación a favor suele ser única y reducirse a un porque hacen las cosas mejor y cuestan menos que a mí me deja sin respiración.
En primer lugar, dudo mucho que al estar sometidos a unos presupuestos generalmente menores y más estrictos puedan responder, no ya de de mejor manera que en el caso público, sino de igual manera que en este segundo supuesto. También hay que tener en cuenta que la situación del personal laboral suele ser más delicada, por decirlo de una forma suave, cuando lo que se está moviendo es capital privado, y éso es algo que acaba afectando al servicio que presta.
Por último, sobre el criterio estrictamente económico, si una administración pública gasta menos cuando contrata a una empresa externa (pongamos Y) que cuando asume ella misma la prestación del servicio (pongamos X), y sabemos que una empresa no se mueve como no sea ganando dinero (pongamos Z, una parte de la cantidad Y que recibe de la administración), ¿no sería más rentable que la administración implantara el método de gestión de la empresa privada y en lugar de ahorrar X-Y ahorre X-(Y-Z)?
En estos casos, cuando un gestor público recurre a una empresa privada, o bien está dejando constancia de que no es un buen gestor, o bien está intentando beneficiar a un tercero.